Proteger la democracia de las actividades financieras ilícitas: Fortalecer la seguridad desde el principio

El presidente Joe Biden llevó a la Casa Blanca la esperanza de que el Presidente de Estados Unidos finalmente lideraría un esfuerzo global para luchar contra la cleptocracia, la corrupción y las actividades financieras ilícitas: Los presagios eran positivos. Escrito en el 2018, el futuro presidente expuso cómo Washington y los aliados occidentales deberían responder a la amenaza que suponen las actividades financieras ilícitas, insistiendo que es necesario que actúen todos los responsables de su facilitación. En 2020, Biden enfatizó el mensaje comprometiéndose a luchar contra la corrupción ya que es «un interés central de seguridad nacional y una responsabilidad democrática», además de «liderar esfuerzos internacionalmente para esclarecer el sistema financiero global, perseguir los paraísos fiscales ilícitos, incautar activos robados y hacer que sea más difícil que los líderes roban a la gente se oculten utilizando empresas anónimas de fachada».

Estas declaraciones siguieron despertando esperanza después incluso de asumir el cargo. En junio de 2021, la Casa Blanca publicó su Memorando sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Dicho Memorando se centró en mejorar cada elemento de la respuesta de Estados Unidos ante la cleptocracia y las actividades financieras ilícitas. En diciembre de 2021, Biden subrayó más sus poderes con la publicación de la Casa Blanca de la Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción, un documento muy celebrado. De esta forma, trató de reforzar los esfuerzos para hacer frente a las amenazas de las finanzas ilícitas a los valores democráticos a través de la muy esperada Cumbre por la Democracia. La cumbre se centró en la defensa contra el autoritarismo, promover el respeto por los derechos humanos y abordar y luchar contra los objetivos de la corrupción para desencadenar un «año de acción» por los líderes globales y la sociedad civil, con el fin de realizar reformas e iniciativas importantes para afrontar estas amenazas actuales a las que se enfrenta la democracia.

A raíz de la aprobación de la Ley Contra el Blanqueo de Capitales de 2020, la gran parte de los últimos 12 meses en EE. UU. se ha centrado en «arreglar las bases» en un intento de empezar a abordar las deficiencias nacionales sistemáticas de las que se aprovechan los corruptos y los cleptócratas cuando tratan de poner el producto de sus delitos fuera del alcance de los organismos de seguridad. Se promete una mayor transparencia empresarial junto con una modernización fundamental de las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.

Estados Unidos no es el único país que necesita hacer frente a las deficiencias domésticas que tienen consecuencias internacionales. El Reino Unido es otro facilitador de flujos de actividades financieras ilícitas global que hace frente a los mismos errores –como la reforma atrasada de Companies House (el registro mercantil) y la introducción de un registro de propiedades en el extranjero– que necesitan solucionarse con la misma energía que está empleando Estados Unidos.

Pero junto a la necesidad de cambios por parte de los facilitadores de actividades financieras ilícitas globales, los países que sufren a manos de los cleptócratas y la corrupción también deben reforzar su integridad nacional financiera. En los países donde el estado o los miembros claves de la élite política son cómplices de esta actividad, recae la responsabilidad de señalar los errores nacionales y presionar para que se apliquen reformas sobre la sociedad civil y los periodistas de investigación. Empoderar a estos actores no gubernamentales para señalar la actividad de corrupción y exigir transparencia y toma de responsabilidades es un elemento crítico del esfuerzo global para revertir la impunidad de la que se han beneficiado los corruptos y cleptócratas. Aunque está claro que es necesario que los responsables de formular políticas actúen en Londres y Washington, se debe priorizar las restricciones de la cleptocracia desde el principio, desde la raíz.

Cada año se roban mil millones de dólares de países con menos capacidad, dinero el cual no pueden permitirse perder. Pero el impacto de esta pérdida de fondos no afecta a la equidad de todos los ciudadanos. Aunque la gente más pobre que depende de las ayudas del estado para sobrevivir y la provisión de servicios vitales se ven notablemente perjudicados, los ricos y poderosos se benefician a menudo de esta actividad corrupta ya sea directamente como los actores malignos o indirectamente recibiendo sobornos o favores para facilitar esta actividad cleptocrática.

A menudo, aquellos se son responsables de identificar, investigar y perseguir esta actividad son precisamente los que se benefician de ellas o están relacionados a estos robos de la riqueza nacional. Sin embargo, se han neutralizado los sistemas basados en el estado para realizar un seguimiento y exigir responsabilidades a aquellos que cometen estos crímenes.

Por lo tanto, es imperativo que otros –aquellos de la sociedad civil y la comunidad de periodismo de investigación– que se encargan en profundidad sobre el funcionamiento claro y justo de un estado se empoderen para cubrir las lagunas que dejen esta dejación de funciones por parte de muchos en el sistema estatal.

Sin embargo, para hacerlo con eficacia, estos ciudadanos preocupados necesitan los conocimientos que les permitan exigir responsabilidades a los corruptos. Deben entender las leyes y regulaciones que deben aplicarse para restringir y perseguir las actividades de corrupción; comprender la cadena de responsabilidades políticas –desde los organismos gubernamentales locales responsables hasta los reguladores de normas internacionales; deben estar al tanto de las normas acordadas internacionalmente que un país debe aplicar para luchar contra crimen financiero; deben estar al tanto de las responsabilidades que tienen los actores del sector privado cuyas capacidades y servicios utilizan los corruptos para mover el dinero fuera de sus países de residencia al sistema internacional donde pueda ocultarse fácilmente; y deben estar al tanto de las redes y herramientas que pueden ayudarles con su labor.

Otro factor desafiante es que los reguladores de normas internacionales pueden estar alejados de las perspectivas locales. Esto ocurre ya que el Grupo de Acción Financiera (FATF), el guardián del crimen financiero global, y su red de afiliados regionales, pueden ver limitados su participación con actores locales a los que introduce el propio país anfitrión en sus evaluaciones. Esto se traduce en que, en aquellos países cleptocráticos, el acceso estará limitado a las comunidades base y a los periodistas que responsabilizan al gobierno, si siquiera se llega a ofrecer. Mientras que el FATF ha desarrollado los principios de un mecanismo por el cual se pueden canalizar conocimientos bases al Grupo y sus organismos regionales, esto sigue siendo incipiente. Otros guardianes internacionales, como el Banco Mundial y el IMF, suelen seguir al FATF cuando se trata de luchar contra el blanqueo de capitales, lo que de nuevo provoca que pierdan de vista la perspectiva real base.

Por tanto, los individuos corruptos y los políticos cleptocráticos y sus familias continúan saqueando los recursos de sus países con impunidad en muchos países del mundo. Una vez que el dinero cruza la frontera, fuera de la región local y pasa al sistema internacional financiero, reduce casi al mínimo las oportunidades de identificar, detener y devolver dichos fondos. Por lo que fortalecer las normas desde el principio y los centros financieros que facilitan este movimiento más allá del alcance de los organismos de seguridad es crítico para luchar contra la actividad de corrupción. Los órganos del estado encargados de identificar e investigar esta actividad a menudo son silenciados, reciben poca subvención y simplemente no son capaces de realizar sus responsabilidades de control y judiciales, un vacío que debe llenar la sociedad civil y los medios de comunicación.

Estos desafíos no son teóricos. Los cleptócratas de todo el mundo no dejan de trabajar y mover sus fondos fuera de sus países de origen al sistema financiero internacional donde los ocultan para siempre.

Por ejemplo, la publicación internacional de documentos filtrados más reciente, los Papeles de Pandora, muestran cómo los políticos e individuos en el poder ajustan sus intereses offshore para evitar impuestos y facilitar actividades de corrupción.

Pongamos de ejemplo la familia Kenyatta en Kenia. El presidente Uhuru Kenyatta se convirtió en un portavoz contra la corrupción, alegando en nombre de la pobreza del país y en contra de los oficiales gubernamentales por explotar los recursos públicos. Sin embargo, los Papeles de Pandora muestran que él y siete miembros de su familia están relacionados con 11 empresas y fundaciones offshore. Mientras tanto, en 2016, Muhoho Kenyatta, el hermano del presidente, que gestiona grandes secciones de las empresas de la familia, tenía una empresa offshore con un porfolio de dinero, acciones y bonos con valor de 31,6 millones de dólares. Por otro lado, está Varies Foundation, que se registró en el registro mercantil de Panamá en 2013 en beneficio de la madre del presidente, Ngina Kenyatta. En este caso no hay mención de la familia en ninguno de los documentos. En cambio, todos los oficiales de la fundación son empleados de un bufete de abogados en Panamá llamada Alemán, Cordero, Galindo & Lee. Como mínimo, estas actividades son inapropiadas de la familia de la dinastía política; en el peor de los casos sugiere el deseo de crear arreglos financieros que están más allá del escrutinio de las autoridades de su país de origen.

Una sociedad civil y una comunidad de medios de comunicación empoderada pueden sacar estas historias a la luz, haciendo que los líderes cleptocráticos sean responsables de sus acciones. Estos problemas trascienden las fronteras nacionales, beneficiando la actividad de corrupción, ya que viaja por todo el mundo, y a su vez haciendo que sea más difícil que los periodistas locales sigan de forma efectiva el dinero y realicen investigaciones de crímenes financieros. Este es el motivo por el cual es esencial crear conexiones y redes entre los periodistas de investigación y los actores de la sociedad civil para vincular hallazgos a los organismos internacionales.

Otra investigación, Chavismo Inc, es un ejemplo de un proyecto transnacional que sigue el dinero y los actores relacionados con los cleptócratas venezolanos. Al trabajar juntos con los periodistas de toda Latinoamérica, el equipo espera obtener información sobre estas actividades ilícitas y ampliar sus historias conectándolas con la comunidad de medios de comunicación global. La base de datos pública actualmente registra más de 5000 personas y entidades directa o indirectamente implicadas con los fondos venezolanos. Más específicamente, 751 personas de interés están incluidas en los documentos debido a sus conexiones con los negocios gubernamentales del Chavismo, como proveedores de alto nivel con acceso al poder, antiguos oficiales senior e intermediarios con contactos en la administración.

Los fondos venezolanos pasan en su gran mayoría por el sistema financiero panameño, donde los clientes venezolanos contribuyeron con más de 2,8 millones de dólares en el país hasta el 2019. El proyecto identificó 242 empresas en Panamá con más de 380 vínculos con personas de interés en Venezuela. De estas empresas, ocho están dentro de las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, y muchas otras están dentro de investigaciones judiciales en todo el mundo por acusaciones de blanqueo de capitales y sobornos. La existencia de esta base de datos permite a otros periodistas, activistas y miembros de la comunidad que lucha contra el crimen financiero global saber qué buscan, hacer que sea más fácil seguir el dinero viendo desde dónde comienzan estos individuos o empresas. Este tipo de proyectos e investigaciones amplias pueden crear una respuesta más fuerte en el origen, presionando un cambio sistemático positivo en los esfuerzos nacionales para luchar contra los flujos de actividades financieras ilícitas.

Ya que estos casos ilustran si aquellos en posiciones de poder y con acceso al sistema financiero internacional han robado fondos, pueden trasladar rápidamente sus ganancias mal habidas fuera del alcance de las investigaciones de los organismos de seguridad y es casi seguro que se pierdan para siempre. Por ello, teniendo en cuenta estas preocupaciones, la comunidad internacional debe trabajar con más esmero para fortalecer la respuesta a la cleptocracia y las actividades financieras ilícitas desde el principio.

Primero, los países como los Estados Unidos y Reino Unido deben priorizar las reformas atrasadas de sus propios sistemas, las cuales son explotadas por aquellos que buscan abusar de las debilidades del lugar para obtener ganancias a través de actividades financieras ilícitas fuera del alcance de los organismos de seguridad.

Segundo, las democracias como las de Estados Unidos y Reino Unido deben trabajar con esmero para fortalecer, apoyar y proteger a los periodistas de investigación y miembros de la sociedad civil que realizan trabajos peligrosos para descubrir las actividades de corrupción y cleptocracia en los países de origen. Deben empoderar estas actividades para contribuir con la presión social sobre las instituciones del gobierno y las empresas regularizadas para cumplir con las obligaciones internacionales con el fin de luchar contra las actividades financieras ilícitas. Para aumentar la capacidad de conseguir estos objetivos se debe ampliar su conocimiento sobre las normas globales y las normas contra el blanqueo de capitales, así como otras formas de actividades financieras ilícitas a las que se deben adherir los países, además de facilitar la comprensión sobre cómo estas normas deben implementarse en la práctica. La comunidad internacional también debe apoyar a estos activistas a exponer estas historias a una audiencia internacional relevante. De este modo se difundirán ampliamente las deficiencias y los errores que han detectado con la esperanza de que el escrutinio internacional impulse el cambio interno

Tercero, estos países líderes deben utilizar la diplomacia y la presión comercial para fomentar reformas que fortalezcan la integridad del sistema financiero. Aunque no es perfecto, las normas globales del FATF proporcionan una base fuerte a partir la cual los países pueden actuar.

Finalmente, la comunidad internacional no debe ignorar las actividades financieras ilícitas. El fallar en defender las normas internacionales de forma firme y tratarlas como algo que está «bien tener» en los debates internacionales contribuye a la erosión de los valores democráticos.

Estas actividades de corrupción y cleptocráticas se basan en una serie de pasos: desde abusar de su estatus y acceso para beneficiarse de sus posiciones de poder e influencia hasta fallar a los centros financieros globales para permitir que estos actores muevan sus ganancias fuera del alcance de los organismos de seguridad y, por lo tanto, disfrutar de los frutos de sus crímenes. Esto no son solo crímenes, son acciones que amenazan la democracia ya que muestran un desprecio por la confianza que los votantes han depositado en ellos y socavan la fe en las instituciones, vaciando su capacidad para prestar los servicios vitales necesarios en los países que menos pueden permitirse perder unos recursos financieros inestimables.

Capacitar a la sociedad civil y a los periodistas de investigación para que pidan responsabilidades a los políticos y funcionarios, apoyar y promover su trabajo y garantizar que la comunidad internacional responda a la criminalidad que identifican debe ser un compromiso fundamental de todos los que creen en la democracia y será una contribución clave para garantizar sigan siendo receptivas y resistentes.

Las opiniones expresadas en este artículo son de los autores y no representan las de RUSI ni de ninguna otra institución. Este artículo fue elaborado como parte de un proyecto financiado por el 'National Endowment for Democracy'.